Si la elección de jueces y magistrados se efectuara en las urnas, tendría consecuencias irreversibles para la democracia y el Estado de Derecho en México.
Esa es la razón, por la que la base trabajadora ha iniciado la suspensión de labores por tiempo indefinido, ante la evidente omisión de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la “reforma judicial” derivado de la iniciativa de 5 de febrero de 2024, presentada por el Presidente de la República saliente.
Además, de las múltiples inconsistencias que contiene el decreto, la iniciativa que se pretende aprobar, resulta contraria a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, que sin duda trastoca la división de poderes, especialmente el de la independencia judicial.
Con la suspensión de actividades jurisdiccionales, exigimos a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, frenen el proceso legislativo y, en su lugar, efectúen una discusión idónea que nos lleve a una reforma integral y que verdaderamente resuelva los problemas que aquejan a nuestro sistema jurídico.
No puede olvidarse que la justicia integral no solo recae en los juzgadores federales, sino también en los jueces del orden común, así como en quienes tienen a su cargo la prevención del delito y la procuración de justicia, esto es, las policías y fiscalías, respectivamente.
La sociedad mexicana debe ser consciente de los peligros de esta propuesta, con la que se pretende limitar nuestro sistema de justicia, tratando de imponer jueces a modo del actual gobierno.
Sin lugar a duda, debe mantenerse y fortalecerse la carrera judicial que constituye el mecanismo idóneo para asegurar una justicia equitativa e imparcial.
“POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL”
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL SÉPTIMO CIRCUITO EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.
